De la reorganización mapuche hasta la dictadura de Pinochet
En la siguientes generaciones de mapuches, emergieron diferentes organizaciones, tales como la Corporación Araucana de Venancio Coñoepan, Federación Araucana de Aburto Panguilef, la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana de Antonio Chiwailaf. Entre estas organizaciones mapuches existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista, pero todos compartían la idea de recuperar las tierras usurpadas para poder conservar la cultura propia. De esta manera el movimiento mapuche ingresó a la escena pública chilena, entremezclándose con la política y sus partidos; aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.
La crítica radical al statu quo por parte de vastos sectores de la sociedad chilena, permitió a los mapuches incorporarse con su demanda por la tierra. Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuches en la provincia del Cautín, proceso conocido como "el Cautinazo". Es importante tener en cuenta que esto se dio en una zona donde históricamente los mapuches habían apoyado al Partido Conservador, lo que refleja que el proceso no puede entenderse exclusivamente con las coordenadas de la historia política chilena.
Con el proceso de Reforma agraria acelerado por el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens, muchos grupos mapuches se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de tierras, al margen de los progeamas de gobierno. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Dictadura de Pinochet y el Acuerdo de Nueva Imperial
El golpe militar del General Augusto Pinochet Ugarte fue especialmente cruento en la Araucanía, donde desaparecieron cientos de personas y miles fueron torturadas. Esto provocó una destrucción casi total del tejido social creado en décadas anteriores. Las organizaciones reaparecieron hacia 1979, como reacción a los decretos que pretendían liquidar para siempre la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra que era el último resguardo sobre sus propiedades. Surgieron así los Centros Culturales Mapuches, única forma de organización permitida por la dictadura, que más tarde darían paso a la organización Ad Mapu.
En la década de 1980, los principales dirigentes y organizaciones mapuches contribuyeron a la derrota de la dictadura y participaron en la Concertación de Partidos por la Democracia, reuniéndose en Nueva Imperial en 1989 con el candidato Patricio Aylwin Azócar que a la postre se convertiría en Presidente de la República. En ese "parlamento" se acordó que el Estado daría reconocimiento constitucional a los Pueblos Originarios, dictaría una Ley Indígena para proteger sus derechos y ratificaría el "Convenio 169" de la Organización Internacional del Trabajo, que es el instrumento que establece el estándar internacional para los derechos de los Pueblos Indígenas. A cambio de esto, las organizaciones indígenas se comprometían a utilizar la vía institucinal para canalizar sus demandas. El Acuerdo de Nueva Imperial fue suscrito por todas las organizaciones indígenas del país, salvo por el naciente Consejo de Todas las Tierras, liderados por Aucán Huilcamán, quienes tomaron y denuciaron este acuerdo como un nuevo intento de asimilación y sometimiento por parte del estado chileno.
Retorno a la democracia y conflicto con los estados argentino y chileno
Recién comenzada la década de 1990 y vuelta parcialmente la democracia, el Consejo de Todas las Tierras llevó a cabo varias tomas simbólicas de tierras ancestrales mapuches en manos de privados. La respuesta del gobierno fue el requierimiento de aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, dictada durante la guerra fría por el presidente Gabriel González Videla, lo que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.
En 1993 se aprobó la "Ley Indígena 19.253", que no cubría las aspiraciones de este movimiento. Sin embargo, la nueva institucionalidad que consagraba operó hasta que en 1997 sobrevino una nueva crisis. Por un lado la empresa ENDESA España, recién privatizada, comenzó la construcción de la "Represa Ralco" en la zona que nace el Bío Bío, (comuna de Ralco) en territorio pehuenche. Algunos de los descendientes de los habitantes ancestrales se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva legislación que exigía la autorización de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle optó por descabezar a CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche. Al mismo tiempo comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados de la dictadura, en predios que habían sido recuperados por los mapuches en el gobierno de Allende, pero posteriormente habían nuevamente perdido. Este hecho puede haber sido uma de las causas directas de la quema de camiones que extraían la madera en Lumaco por encapuchados premunidos de bombas molotov, piedras, palos, hondas y algunas armas de fuego; comenzando así una escalada de ataques incendiarios a predios forestales, familias de agricultores, asaltos, saqueos e incendios y tomas de terreno. Estas últimas se llevan a cabo hasta el 2006 para acelerar una recuperación de las tierras mediante la intervención de CONADI. El temor de la población, las grandes empresas madereras que explotan bosques madereros en terrenos que aun eran mapuches a fines del siglo xix y mediados del siglo xx y el aumento de la violencia de los encapuchados contra familias de agricultores indefensos motivó al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).
En estos últimos sucesos de violencia, en 2002 un joven comunero de 17 años perdió la vida por la acción de un carabinero y el Servicio de Salud de la Araucanía ha llamado la atención sobre los impactos negativos de las medidas policiales de respuesta en la salud de los niños. Por otra parte, el gobierno de Ricardo Lagos Escobar sindicó a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, como una organización de carácter terrorista y fue perseguida como tal, encarcelándose a sus dirigentes en procesos cuya legalidad ha sido cuestionada por grupos mapuche y otros afines; como lo sucedido por ejemplo en el llamado "Caso loncos" y el "Caso Puluco-Pidenco en 2002. Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas Rodolfo Stavenhagen, como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Así, diversas organizaciones de derechos humanos, incluida la ONU, han clamado por que se ponga fin a la criminalización de la protesta social mapuche. En marzo de 2006, 4 de los 9 presos mapuches condenados por ley antiterrorista iniciaron una huelga de hambre indefinida, que ya alcanzó los 50 días sin lograr que el recién instalado gobierno de Michelle Bachelet Jeria acceda a revisar el polémico juicio llevado a cabo bajo el gobierno de su antecesor.
En 2006, muchos grupos mapuches no han renunciado a sus demandas territoriales, y sus principales organizaciones exigen autonomía para sus territorios, devolución de sus tierras y más oportunidades de representación política.
Reclamo del derecho de autodeterminación nacional
Algunas organizaciones mapuche están reclamando el reconocimiento del derecho a la autodeterminación nacional, fundamentalmente frente al estado chileno, y en menor medida ante el estado argentino [11].
Si bien la amplitud de la autodeterminación nacional reclamada varía entre los distintos sectores mapuche, la misma se relaciona históricamente con la autonomía obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia, desde la década de 1990, y más recientemente con la elección de un presidente aymara en Bolivia (Evo Morales) [12].
